Reflexionan sobre las lecciones que dejó la revocación del mandato

Consejeros del INE y IEE-Hidalgo charlan con la comunidad universitaria

Como parte del Seminario Permanente en Ciencia Política. Instituciones, Democracia y Participación Política, el Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán albergó la tercera sesión titulada Autoridades electorales a debate. Los saldos de las elecciones locales y los retos a futuro. El doctor Antonio Faustino Torres, coordinador académico del seminario, señaló que el objetivo de este espacio es servir como un vínculo entre los actores políticos, funcionarios y académicos con la comunidad estudiantil.

Al dar la bienvenida, el doctor David Morales González, jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas, explicó que el seminario ha adquirido relevancia por la coyuntura en la que se encuentra México, que ha tenido una transición compleja a la democracia, añadió que la meta a alcanzar es tener elecciones libres y limpias, de ahí que sea fundamental disertar sobre las reglas del juego y los actores políticos

Como moderadora de esta sesión, la doctora Claudia Márquez Díaz, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, agradeció a los ponentes por compartir con los estudiantes su experiencia sobre el mundo electoral, en especial por ser un ámbito complejo y en permanente transformación.

La maestra Dania Paola Ravel Cuevas, consejera electoral del INE, brindó la charla Reflexiones sobre la primera implementación de la Revocación de Mandato, donde disertó acerca de este ejercicio inédito e histórico para la democracia mexicana, el cual implicó que el INE se enfrentara cuestiones legales, presupuestales y ejecutivas para su realización.

El primer reto surgió después de la reforma constitucional de 2019 para la revocación de mandato, la cual establecía que este instrumento de participación sería convocado por el INE a petición de los ciudadanos, mientras tuviera un apoyo del 3 por ciento de la lista nominal. Después de la reforma, el poder legislativo debía emitir la ley reglamentaria para que a partir de ella el INE emitiera los lineamientos correspondientes, sin embargo, dicha ley no se emitió a tiempo, por lo que el instituto tuvo que exponer lineamientos y armonizarlos hasta la promulgación de la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM).

Otro de los retos para el INE, explicó Ravel Cuevas, fue el uso de una app para recabar las firmas de apoyo, cuyo propósito fue garantizar la protección de datos personales y garantizar la certeza de las firmas recabadas. A pesar de este recurso, también se recibieron formatos en papel para las regiones con un alto índice de marginación, sin embargo, en este tipo de papeletas se detectaron mayores inconsistencias.

Asimismo, la ponente acotó que otro de los obstáculos fue la falta de recursos, pues, de un presupuesto original de 18,827,742,268 pesos, se hizo un recorte de 4,300 millones de pesos, lo cual no era suficiente para cumplir la LFRM. En consecuencia, el instituto interpuso algunos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sin obtener la respuesta deseada, por lo que terminaron realizando un ajuste presupuestal adicional y redujeron los costos de la organización del proceso de revocación.

La consejera destacó que, tras este primer ejercicio de revocación, se deben repensar varios puntos, como el dotar de recursos suficientes al INE para cumplir con las exigencias legales establecidas; así como analizar la pertinencia de restringir la participación de partidos políticos en la difusión de este ejercicio, en particular del presidente. “Me parece contra natura que se esté hablando de la pertinencia de que una persona siga en el cargo y que ésta no se pueda manifestar y decir por qué debe seguir y que ha hecho bien”, señaló.

De igual forma, Ravel Cuevas hizo un llamado para generar una exigencia social más fuerte a los servidores públicos cuando no se ciñan a la ley, y destacó que se debe impulsar una capacitación y sensibilización permanente con la sociedad sobre la importancia de estos ejercicios ciudadanos.

Por último, la consejera enfatizó en que se debe reconocer al INE como un árbitro que implementa reglas, sanciona y evidencia a quienes no siguen la normativa, lo anterior se realiza en estricto cumplimiento de su trabajo, lo cual “no significa que sea enemigo de alguien o que no quiera a un autor político”.

El maestro Christian Uziel García Reyes, consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo impartió la charla Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y el Instituto Nacional Electoral a 8 años de la reforma de 2014, donde cuestionó si este modelo es funcional para la democracia mexicana, en especial al plantear si la desaparición de los OPLES generaría un ahorro.

El ponente rememoró que los regímenes locales han hecho aportaciones a la democracia mexicana, como la paridad horizontal y vertical por Morelos, el voto desde el extranjero por Michoacán o el reconocimiento de sistemas normativos indígenas por Oaxaca, por nombrar algunos. Además, recordó que con la reforma de 2014 se pasó del IFE al INE y se establecieron los OPLES.

García Reyes destacó que uno de los datos que comprueba la efectividad de los OPLES es que estos han organizado 7,093 comicios, de los cuales el 97 por ciento de los resultados han sido ratificados por los tribunales electorales.

El especialista destacó que, de 2014 a 2022, el modelo electoral OPLE-INE ha realizado 322 elecciones y ninguno de estos procesos ha traído como consecuencia algún conflicto postelectoral, asimismo, dicho modelo ha presentado también un porcentaje de alternancia global del 62.27 por ciento. Por lo anterior, el ponente consideró que este modelo electoral ha garantizado condiciones democráticas, de viabilidad y de estabilidad política.

El consejero acotó que, si se eliminaran los OPLES, el INE debería que sumar 332 consejeros, 1, 655 consejeros municipales y 638 consejos distritales, lo que traería como consecuencia destinar más recursos humanos, materiales y financieros a los procesos electorales locales.

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