
Animan diputados al gobernador del Estado de México, para que ordene una auditoría externa al ISSEMyM.
Toluca, Méx.- La LX Legislatura envió dos nuevos exhortos al ejecutivo, para que ordene una auditoria externa al ISSEMyM, a fin de determinar el alcance del presunto desfalco que argumentan las autoridades para incrementar las cuotas a los trabajadores en la nueva ley que entrará en vigor en 2019, pero también para ubicar probables responsables.
El segundo exhorto, es para que se instale por vía de la Secretaría de Movilidad, mesas trabajo y diálogo con los transportistas, inconformes con la gaceta del pasado 18 de agosto, que los obliga a instalar cámaras de seguridad y equipos de geolocalización, con sus propios recursos, pero además con empresas que señala el propio gobierno estatal y no otras.
En el primer caso, se da un plazo de 15 días para que el mandatario responda al exhorto para auditar externamente al organismo, toda vez que la reforma a la ley del ISSEMYM tendrá vigencia a partir del primero de enero próximo y los diputados buscan una ruta, que les permita dimensionar el supuesto quebranto del organismo, pero también identificar desfalcos, responsables o posibles desvíos, antes de tomar una decisión sobre el documento, señaló en entrevista la presidenta de la Mesa Directiva, Azucena Cisneros.
Cabe recordar que cientos de trabajadores activos y jubilados, están demandando a la LX Legislatura, la derogación de la reforma.
La iniciativa de exhorto al ISSEMYM, fue presentada por la legisladora Claudia González Cerón, quien en su exposición refirió que desde el gobierno de César Camacho Quiroz ya se comenzaron a presentar problemas financieros en el organismo, pues las retenciones que se hacían a los trabajadores “no eran reportadas al instituto” y se especuló que fueron utilizadas para beneficiar, posteriormente a Arturo Montiel Rosas, su sucesor.
“Recordemos que en esos años, se habló de que el fondo de prestaciones había sido utilizado en beneficio a Arturo Montiel Rojas, un desfalco que rondaba en poco más de mil millones de pesos y los ayuntamiento en ese tiempo, usaron las aportaciones del ISSEYM de los trabajadores, como caja chica, pues eran recursos no fiscalizables, no auditables y no exigidos por parte del organismo”, puntualizó.
