Mujeres enfrentan hostilidad institucional: Alfredo González

Juezas, magistradas, consejeras, directoras y coordinadoras deben ocupar el 50 por ciento de los cargos

Toluca, Méx.- El diputado Alfredo González González propuso a nombre de la bancada de Morena, reformar diversas disposiciones legales para garantizar el principio de paridad de género en el Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa, y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México.

El legislador aseveró que existe una brecha que impide el acceso de las mujeres a los puestos de decisiones en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, por lo que es necesario tomar medidas especiales al respecto.

“Las mujeres que trabajan en los órganos jurisdiccionales de nuestra entidad se enfrentan a una hostilidad institucional al ser reiteradamente segregadas, excluidas y marginadas, en muchos casos sujetas a hostigamiento y acoso sexual, en los hechos se ven obligadas a ocupar posiciones poco relevantes, en donde hay “menos responsabilidad”, renunciando a sus aspiraciones o posponiéndolas, al no encontrarse en las mismas circunstancias que los hombres para desarrollarse en la vida profesional”, señaló Alfredo González.

El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una transcendental reforma constitucional para garantizar la paridad de género en todos los órganos del Estado, y ahora corresponde a los congresos estatales garantizar el principio de paridad de género en las constituciones y leyes locales.

El proyecto busca reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para definir medidas que garanticen el 50 por ciento cargos públicos el acceso de mujeres.

El legislador detalló que la integración de los órganos jurisdiccionales con base en el principio de paridad de género implica el derecho que tienen las mujeres para ser juezas, magistradas y consejeras ocupando el 50 por ciento, y que debe comprender el resto de cargos públicos de decisión, entre los que se encuentran, direcciones, coordinaciones y titularidades de unidad.

Para garantizar el principio de paridad de género, debe haber alternancia de géneros en la presidencia de los tribunales; y en la integración de los órganos colegiaos ya sea en pleno, junta, consejo o sala; convocar en los concursos únicamente al género sub-representado hasta alcanzar la efectiva paridad; establecer el principio de paridad de género como rector en la carrera judicial y jurisdiccional.

La propuesta también plantea la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar, para que la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recaiga en condiciones de igualdad en los hombres y mujeres que trabajan en los tribunales

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