Diputados piden a Fiscalía de Delitos Electorales investigar a funcionarios mexiquenses

El legislador Max Correa Hernández presentó punto de acuerdo

Toluca, Méx.- La Legislatura mexiquense aprobó un punto de acuerdo donde exhorta al titular de la Fiscalía del Estado de México para que por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEMDE), investigue y persiga los posibles delitos electorales de funcionarios de la Secretaría del Campo y del Instituto de investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX).

El Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, presentado por el diputado Max Correa Hernández, también incluye otro exhorto a la titular de la Secretaria del Campo del Gobierno estatal, para que impulse el desarrollo integral de las actividades agropecuarias sin discriminación por razón de ideologías políticas o de partido entre operadores y técnicos, debido a las denuncias ciudadanas relacionadas con el programa “Más maíz mexiquense”.

En tribuna parlamentaria, Correa Hernández recordó que para el fortalecimiento del campo mexiquense la Cámara de Diputados local apoyó la creación de la Secretaría del Campo, cuya misión principal es planear e impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias con visión empresarial y responsabilidad social, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores agrícolas y la seguridad alimentaria.

“Al inicio de su creación la Secretaría del Campo se dio a la tarea de impulsar la implementación de proyectos productivos integrales para la producción de alimentos mediante apoyos de capacitación y asesoría técnica, así como de infraestructura y equipo, lamentablemente esto ha sido opacado por un grupo de personas que queremos pensar actúan de manera aislada, al margen de la legalidad y no bajo instrucciones de la titular de la Secretaría”.

El diputado de Morena explicó que hasta el pasado 3 de diciembre, fecha en que el ICAEM emitió la convocatoria para reclutar profesionistas especializados en las áreas de agronomía, quienes fueron seleccionados tras aprobar el proceso de registro que incluía examen, entrevista y capacitación para concluir con su contratación, todo transcurría con normalidad.

“Sin embargo días después todo cambió, al trabajar en campo las instrucciones fueron variando, ya que a cada agrónomo contratado le decían que debían considerar las listas de beneficiarios porque serían revisadas, pues no se le iba a dar apoyo a cualquier persona, que debían ponerse a las órdenes de presidentes municipales priistas porque ellos finalmente encabezarían el programa, así que tocaba que se pusieran la camiseta del Gobierno del Estado de México.

“Como era de esperarse, hubo agrónomos que cuestionaron ese tipo de prácticas presumiblemente con fines electorales, diciendo a los coordinadores regionales que eso no se les había dicho en las capacitaciones, a lo que les respondían que debían hacerlo o que dijeran de una vez si deseaban continuar; obviamente quienes se opusieron han sido suspendidos de manera arbitraria de su actividad, lo que podemos llamar despido injustificado, pues recientemente habían sido contratados”.

Max Correa, quien también es dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), argumentó que estas prácticas contravienen no solo las reglas de operación de dicho programa, sino que se atenta contra la economía social de las familias mexiquenses más marginadas, quienes ven en este tipo de programas la oportunidad de librar las contingencias provocadas por la caída de la producción del maíz.

“El presente exhorto tiene alcances a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pues las personas suspendidas de su fuente de trabajo como agrónomos han acudido a dicha institución por tratarse de hechos que pueden ser constitutivos de tipos penales electorales, pues sin duda están utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales para ejercer presión sobre el electorado, pero además se trata de servidores públicos estatales que coaccionan y amenazan a sus subordinados con fines proselitistas”.

Finalmente señaló que en el Grupo Parlamentario de Morena están ciertos que estos hechos son más que suficiente para exhortar a ambas titulares de las dependencias estatales para que detengan y sancionar estas prácticas, que en nada ayudan en la imagen institucional de gobierno, y además perjudican enormemente a personas que pueden ser beneficiadas con estos programas sociales.

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