Valle de México.- Morena enfrenta una de las crisis más delicadas desde que llegó al poder. Las acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado ya trascendieron el debate nacional y hoy tienen en el centro al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por el supuesto uso de estructuras de gobierno para operar políticamente durante el proceso electoral de 2021.
De acuerdo con los señalamientos que han circulado en medios y espacios internacionales, durante ese proceso electoral habría operado una estructura de presión, financiamiento ilícito e intimidación para favorecer políticamente a Morena en distintas regiones del estado.
Junto a Rocha Moya también aparecen nombres como Enrique Inzunza Cázares, Juan de Dios Gámez Mendívil y perfiles relacionados con áreas de procuración de justicia y finanzas del gobierno estatal, lo que vuelve todavía más grave el escenario en una entidad marcada por la violencia y la inseguridad.
Durante esta administración, Sinaloa acumula más de 2 mil 600 homicidios, alrededor de 3 mil 600 personas desaparecidas y más de 3 mil familias desplazadas; a esto se suma una crisis económica que dejó cerca de 30 mil empleos perdidos y afectaciones estimadas en más de 70 mil millones de pesos.
Desde 2021, el PRI ha denunciado ante la FGR la posible intervención del crimen organizado en procesos electorales y la protección política desde el poder; sin embargo, las denuncias siguen sin avances claros ni resultados públicos.
Hoy las acusaciones ya no solamente alcanzan a funcionarios o gobiernos locales; también exhiben cómo en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas la violencia, el miedo y la presencia del crimen organizado terminaron marcando la vida cotidiana de miles de familias, mientras Morena sigue minimizando una crisis que hace mucho dejó de ser solamente un tema de seguridad.
El Garrote Periodismo Crítico 